La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020 (nº recurso 491/2019) ha resuelto una cuestión de gran interés en materia tributaria: el alcance del concepto de “requerimiento previo” a los efectos de imposición del recargo del artículo 27 de la Ley General Tributaria, (en adelante, LGT) por la presentación de una declaración extemporánea “sin requerimiento previo” o, en su caso, de la sanción correspondiente cuando en la misma se haya realizado “con requerimiento previo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos normas que actualizan el marco contable y de auditoría, adaptándolo a la normativa europea, y que ayudarán a mejorar la calidad de la información financiera y su supervisión, reforzando con ella la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados de capitales.

El artículo 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, constituye la transposición del contenido de la decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986