COVID-19: nuevas medidas en cuestiones procesales y en materia concursal

COVID-19: nuevas medidas en cuestiones procesales y en materia concursal

¿Qué ocurrirá con los plazos procesales suspendidos cuando finalice el estado de alarma? ¿Será hábil el mes de agosto a efectos judiciales? ¿Cuándo será exigible la obligación de solicitar la declaración en concurso?

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, publicado en el BOE de 29 de abril de 2020 (RDL 16/2020), contiene una serie de medidas de carácter procesal, otras de ámbito concursal y societario, y otras de índole organizativo y tecnológico aplicables a la Administración de Justicia.

Desde BESTAX Abogados y Asesores Tributarios, a través de este artículo, ofrecemos un resumen sobre, por una parte, las medidas de carácter procesal relativas a habilitación de días, cómputo de plazos procesales suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma y ampliación del plazo para recurrir, y, por otra, las medidas de carácter concursal, todas ellas incluidas en el RDL 16/2020.

Medidas procesales urgentes relativas a habilitación de días a efectos procesales, cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir

Habilitación de parte del mes de agosto (artículo 1.1 RDL 16/2020): se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020.

Cómputo de plazos procesales (artículo 2.1 RDL 16/2020): los términos y plazos procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  (RD 463/2020), se reiniciarán, siendo el primer día de cómputo el siguiente día hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión.

¿Qué plazos habían quedado suspendidos mediante el RD 463/2020? Con carácter general, los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Si bien se establecían una serie de excepciones. En el orden jurisdiccional penal, no se aplicaba a: los procedimientos de habeas corpus, las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, las órdenes de protección, las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores, así como a la realización de actuaciones urgentes e inaplazables en fase de instrucción de cualquier procedimiento penal. En el resto de órdenes jurisdiccionales, tampoco resultaba aplicable a: el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998), la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la Ley 29/1998 (autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública); los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social; la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; y la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

Ampliación del plazo para recurrir (artículo 2.2 RDL 16/2020): se amplían los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas, bien durante la suspensión de plazos establecida en el RD 463/2020, o bien dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión. Dicha ampliación lo será por un plazo igual al legalmente previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso correspondiente.

Medidas de carácter concursal

Solicitud de declaración en concurso (artículo 11 RDL 16/2020): como explicábamos en la entrada anterior, el plazo para el cumplimiento de obligaciones legales, como es la obligación de solicitar la declaración de concurso voluntario (en caso de insolvencia), se encontraba suspendido en virtud del artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020). Pues bien, como excepción al artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal -LC-, el RDL 16/2020 establece una moratoria para la solicitud de declaración de concurso voluntario, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 (con independencia de que se haya iniciado, o no, el mecanismo previsto en el artículo 5 bis LC).

Además, hasta el 31 de diciembre de 2020, no se tramitarán solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado desde la declaración del estado de alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentado solicitud de declaración de concurso voluntario se tramitará esta con carácter preferente respecto a la/s eventual/es solicitud/es de concurso necesario.

Solicitud de preconcurso (artículo 11.3 RDL 16/2020): si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera presentado la solicitud a la que se refiere el artículo 5 bis LC, se estará a lo previsto en dicho precepto (es decir, si transcurridos 3 meses desde la comunicación del inicio de negociaciones con acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, no se hubieran alcanzado los acuerdos, o no se hubieran obtenido las adhesiones, deberá solicitarse la declaración de concurso, dentro del mes siguiente).

Modificación del convenio concursal (artículo 8 RDL 16/2020): como novedad, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, el concursado podrá solicitar la modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento (lo que sería un reconvenio). La tramitación y aprobación de la propuesta de modificación seguirá las reglas previstas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita. La modificación no afectará a los créditos devengados o contraídos durante el período de cumplimiento del convenio originario, ni a los acreedores privilegiados, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

Como excepción al contenido del artículo 140 LC, las solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio que se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, se notificarán al concursado, pero no se admitirán a trámite hasta que transcurran tres meses desde la finalización del plazo anterior (seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma). Durante esos tres meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con carácter preferente respecto a la/s eventual/es solicitud/es de declaración de incumplimiento.

Solicitud de apertura de la fase de liquidación (artículo 9 RDL 16/2020): como excepción a la regla contenida en el párrafo primero del artículo 142.2 LC, se establece que, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá la obligación se solicitar la apertura de la liquidación cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos (se entiende que los recogidos en el propio convenio) y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio que se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Como excepción a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 142.2 LC, durante el mismo plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el Juez no dictará auto de apertura de la liquidación como consecuencia de la/ eventual/es solicitud/es de algún/os acreedor/es.

Acuerdos de refinanciación (artículo 10 RDL 16/2020): como excepción a la regla contenida en el artículo 5 bis, apartado 6, y en la disposición adicional cuarta, apartado 12, ambos de la LC, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación, podrá poner en conocimiento del Juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo existente (renegociación) o alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el Juez notificará al deudor las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentadas, pero no se admitirán a trámite hasta que transcurra un mes desde la finalización del plazo anterior (seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma). Durante ese mes, el deudor podrá poner en conocimiento del Juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo homologado que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al Juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que ya tuviera en vigor u otro nuevo, el Juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentadas por los acreedores.

Consideración de ciertos créditos como créditos contra la masa (artículo 9.3 RDL 16/2020): con independencia de las reglas de clasificación recogidas en la LC (fundamentalmente artículos 89 a 93), en caso de incumplimiento del convenio modificado o aprobado dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, los créditos derivados de préstamos, créditos y similares, que se hubieran concedido al concursado, o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor del concursado por cualquier persona (incluidas personas especialmente relacionadas con el concursado) serán considerados como créditos contra la masa, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación o la garantía. No se indica en el RDL 16/2020 si esta medida se limita a los créditos o garantías posteriores a la declaración del estado de alarma, si bien consideramos que debe entenderse así.

Consideración de ciertos créditos como créditos ordinarios (artículo 12 RDL 16/2020): como excepción al artículo 92.5º LC, en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, los créditos derivados de préstamos, créditos y similares, que se hubieran concedido al concursado desde la declaración del estado de alarma por quienes tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el concursado, serán considerados como créditos ordinarios.

En el mismo sentido, en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, los créditos en los que se hubieran subrogado quienes tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el concursado como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta del concursado, serán considerados como créditos ordinarios.

Impugnación del inventario y de la lista de acreedores (artículo 13 RDL 16/2020): en los concursos en los que la administración concursal aún no hubiera presentado los textos provisionales (inventario y lista de acreedores) y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes derivados de las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, únicamente se admitirá como prueba la documental y la pericial, sin que sea necesaria la celebración de vista (salvo que el Juez acuerde cosa distinta), lo cual supone una excepción al artículo 194.4 LC. Los medios de prueba deberán acompañarse a la demanda incidental de impugnación, o a la contestación.

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados, se considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.

Tramitación preferente de ciertas cuestiones (artículo 14 RDL 16/2020): se tramitarán con carácter preferente: los incidentes concursales en materia laboral; las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de activos, las propuestas de convenio o de modificación de convenios en periodo de cumplimiento y los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio; los incidentes en materia de reintegración de la masa activa; la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del vigente; y la adopción de medidas cautelares y cualesquiera otras acciones dirigidas a la conservación de la masa activa.

Enajenación de la masa activa (artículo 15 RDL 16/2020): en los concursos que se encontrasen en tramitación en el momento de declaración del estado de alarma, y en los declarados dentro del año siguiente a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa será extrajudicial (con independencia de lo dispuesto en el plan de liquidación).

Se exceptúa de la regla anterior la enajenación, en cualquier estado del concurso, de la empresa o de una o varias unidades productivas.

Queda a salvo la facultad del Juez, en cualquier estado del concurso, de autorizar la realización directa de bienes y derechos afectos a privilegio especial, o la dación, en pago o para pago, de dichos bienes, que se sujetará a lo recogido en la correspondiente autorización judicial.

Aprobación del plan de liquidación (artículo 16 RDL 16/2020): cuando, a la finalización del estado de alarma, hubieran transcurrido quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del Juzgado, el Juez dictará auto de inmediato, en el que: aprobará el plan de liquidación, introducirá las modificaciones que estime oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Cuando, a la finalización del estado de alarma, el plan de liquidación presentado no hubiera quedado de manifiesto en la oficina del Juzgado, se acordará de inmediato, y una vez transcurrido el plazo legal, el Juez dictará auto, adoptando cualquiera de las opciones indicadas en el párrafo anterior.

Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos (artículo 17 RDL 16/2020): durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, y a los efectos de iniciar concurso consecutivo comunicándolo al Juzgado, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acredita que han existido dos faltas de aceptación del mediador concursal designado.

Se aprecian en las medidas anteriores como elementos denominadores comunes: el establecimiento de ciertos plazos preventivos dirigidos a redirigir la evolución del deudor una vez finalizado el estado de alarma, la agilización de trámites y procesos y el favorecimiento de las posibilidades de financiación.

Tanto las cuestiones procedimentales, como son los plazos y cómputos, como la materia concursal, son aspectos especialmente complejos, que requieren asesoramiento especializado. Desde BESTAX Abogados y Asesores Tributarios, como despacho especializado en Derecho de empresa, ofrecemos asesoramiento en todas estas cuestiones. Puedes dejarnos un comentario o contactar con nosotros a través del siguiente enlace.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.